Mientras el país se encontraba en aislamiento social obligatorio para evitar la propagación de la COVID-19, pastores y representantes de iglesias evangélicas e israelitas han insistido en acciones privadas y públicas para imponer sus creencias y desaparecer derechos sexuales reproductivos.
Por Lucero Ascarza, Alvaro Meneses y Graciela Tiburcio
A tres semanas de iniciar el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19 y rodeado de varios de sus ministros, el presidente Martín Vizcarra terminó su conferencia de prensa resaltando la importancia de la práctica religiosa de orar para “enfrentar los retos de esta enfermedad”.
“Una forma importante de enfrentar estos casos difíciles es a través de nuestras propias creencias, las que nos dan fuerza interior, y hay muchas personas aquí en nuestro país que esa fuerza interior la alcanzan a través de sus creencias religiosas, a través de Dios, a través de la oración”, dijo Vizcarra al país el 7 de abril y presentó a través del canal del Estado (TV Perú), un video de dieciséis minutos y catorce segundos donde aparecen autoridades y voceros de diferentes iglesias que conforman el Consejo Interreligioso. Varios de ellos son fervientes opositores no solo de los derechos sexuales reproductivos como la planificación familiar o el aborto terapéutico para niñas víctimas de violencia sexual, sino también de la educación sexual con enfoque de género que busca combatir la discriminación por orientación sexual y la violencia contra la mujer.
En este reportaje, Wayka expone las movidas de los grupos religiosos interviniendo en las esferas del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y los gobiernos regionales, durante el aislamiento social obligatorio.
A solas con Zamora
Cuatro días antes que el presidente Martín Vizcarra mencionara la importancia de la oración en conferencia de prensa, el viernes 3 abril, ocho pastores y autoridades de iglesias evangélicas se reunieron con el ministro de Salud, Víctor Zamora, para ofrecer sus servicios de “soporte espiritual” a pacientes de COVID-19 y deudos de fallecidos por esta enfermedad. También para pedir que se convoque al Día de la Oración Nacional.
Víctor Zamora, ministro de Salud, reunido con ocho pastores evangélicos
A esa reunión asistió el pastor José Linares Cerón, presidente del Movimiento Pro Familia Pro Vida y recordado por el papel fundamental que tuvo al lado del abogado Marco Tulio Gutiérrez en la campaña para revocar a Susana Villarán de la alcaldía de Lima. Linares y Gutiérrez también se unieron para proponer la revocación de congresistas «anti-familia». Años después, durante la campaña electoral de 2016, Linares y otros pastores evangélicos asistieron a un evento en el coliseo Amauta, donde la entonces candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, firmó un compromiso en rechazo a la unión civil y la despenalización del aborto en casos de violación.
A la reunión con Zamora del 3 de abril también asistió el pastor Carlos Jara Depaz, superintendente de Las Asambleas de Dios del Perú. Esta iglesia fue parte del colectivo Con mis hijos no te metas, que incentivó una campaña en contra de políticas públicas que promueven cualquier avance en derechos sexuales, además de la igualdad de género, y que ordenó a sus fieles colgar banderolas con mensajes homofóbicos en distintos puentes de la ciudad. Wayka pudo conocer que dicha iglesia también cuenta con el programa radial LADP Radio, la Universidad Seminario Bíblico Andino (USBA) y la Librería LADP.
De la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), asistió su presidente, Christian Scheelje Cossios. Dicha organización, que también se sumó al colectivo Con mis hijos no te metas, se manifestó así en contra del currículo escolar: “Condenamos que textos escolares dirigidos a millones de niños estén (…) bajo influencia de intereses que se encuentran muy lejanos a los principios y valores que la gran mayoría de peruanos deseamos para nuestros hijos”.
Otros pastores afines al colectivo conocido como ‘antiderechos’ que asistieron a la reunión con Zamora fueron Ángel Estación Velásquez, director de Resistencia Perú por los Valores y excandidato al Congreso por la región Callao con el partido Unión Por el Perú; y Enrique Velásquez Danilla, presidente de la Coordinadora Cívica Pro Valores, organización que en 2016 organizó el evento en el coliseo Amauta con Keiko Fujimori.
Para el historiador y especialista en iglesias evangélicas, Juan Fonseca Ariza, el fundamentalismo evangélico está sufriendo los efectos de su excesivo acercamiento con el fujimorismo y las fuerzas políticas vinculadas a investigaciones por corrupción. Sin embargo, no descarta que las iglesias evangélicas puedan reagruparse para las próximas elecciones.
Al margen de eso, Fonseca precisa que “hay un grupo grande, un poco en el medio, una especie de conservadurismo moderado, que aunque coinciden algunos puntos con el fundamentalismo, también discrepan de su uso político”.
Los pastores Antonio Chauca Mejía, de la Misión Cristiana Internacional; Carlos Suárez Becerra, presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), y el regidor de la Municipalidad de Ventanilla, Constantino Ruis, también participaron en la reunión con el ministro Zamora. Y cuatro días después, el presidente Martín Vizcarra hizo mención a la «importancia» de la oración.
Arremetida conservadora
Aunque menos activos que sus antecesores del Congreso disuelto, los actuales parlamentarios antiderechos insisten en presentar propuestas legislativas ligadas a la religión, disputando poder con el mismo Gobierno. Y no pierden la costumbre de invitar como “especialistas” a personajes de organizaciones y colectivos de su misma ideología, conocidos por sus posiciones contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Desde la bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), por lo menos un par de parlamentarias se han manifestado como seguidoras del colectivo Con mis hijos no te metas. Una de ellas es la congresista Luz Cayguaray, que envió un oficio a Víctor Zamora el 5 de mayo para expresar “preocupación” sobre una directiva del Ministerio de Salud que incluía la disposición de: “Valorar finalizar el embarazo, en cualquier momento, en caso que se encuentre en riesgo la vida de la gestante infectada por COVID-19”. Es decir, la aplicación del aborto terapéutico, que cuenta con un protocolo aprobado desde 2014.
Durante una sesión del 25 de mayo en la Comisión de Fiscalización del Congreso, la parlamentaria Cristina Retamozo (Frepap) interpeló al ministro Zamora sobre la ‘base científica’ para la directiva sanitaria. Ese día, Zamora respondió que aún no se sabía qué efectos tenía el virus en el embarazo y que “en ningún caso se ha visto una complicación del embarazo por COVID ni tampoco se han visto en la obligación de implementar esta medida”. Pero cabe recordar que a inicios de mayo, el Minsa ya había registrado más de 200 gestantes con COVID-19 y tres muertes maternas que tuvieron como causa preliminar haber contraído el virus.
El ministro de Salud, sin embargo, no respondió con esos datos y finalizó el interrogatorio de la congresista asegurando que “existe una junta médica que valorará todos los procedimientos que se deban hacer para preservar ambas vidas”.
Un día después, el martes 26 de mayo, cuando la Comisión de Salud del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de la ley de acceso a técnicas de reproducción humana asistida, nuevamente intervino la congresista Luz Cayguaray (Frepap) para expresar su oposición al señalar que dicha norma “podría dejar abierta la posibilidad de aborto o desechar concebidos”.
“La Constitución considera sujeto de derecho a la unión del óvulo y espermatozoide. No señala que inicie recién cuando el embrión se implanta en un útero materno”, argumentó la congresista, pese a que, según una sentencia del Primer Juzgado Constitucional, existe evidencia científica de que la concepción se considera desde la implantación del óvulo fecundado en el útero, porque “si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas”.
La misma congresista del partido del pescado pidió, además, que se invite a «expertos» en el tema para brindar información útil para la comisión. Sin embargo, los «expertos» resultaron dos conocidos personajes del entorno de los conservadores antiderechos. Uno de ellos fue Alberto González, quien fue representante legal del colectivo Padres en Acción (aliado de Con mis hijos no te metas) en el proceso judicial contra el enfoque de género en el Currículo Nacional; y presidente de la organización católica Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, que demandó la resolución que aprobó el protocolo del aborto terapéutico.
El otro invitado sugerido por la congresista Cayguaray fue Paul Ramos, antes representante del departamento de Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Lima, quien también tiene una posición en contra del aborto terapéutico y la reproducción asistida.
Ayuno y oración contra la COVID-19
En pleno estado de emergencia por la COVID-19, el congresista del partido Podemos Perú, Orestes Pompeyo Sánchez, presentó un proyecto para crear el “Día Nacional de la Oración”. El parlamentario, que fue pastor evangélico de la iglesia Las Asambleas de Dios, planteó que el tercer domingo de abril, autoridades militares y civiles respalden a las organizaciones que decidan celebrarla.
Como Wayka reveló, este proyecto no solo resultó cuestionable por su poca relevancia en el contexto crítico de la emergencia sanitaria por la pandemia, sino también porque Orestes Sánchez copió textos ajenos sin citarlos. Recién un día después de nuestra publicación, el congresista de Podemos Perú solicitó a la Dirección General Parlamentaria del Congreso que se adjunte a su proyecto las referencias que había omitido de los textos citados.
Movidas en regiones
Al interior del país, los grupos conservadores también movieron sus fichas. En Lambayeque, por ejemplo, el consejero del gobierno regional y vocero del colectivo Con mis hijos no te metas, Manuel Huacchillo, logró que se declare el 22 y 29 de marzo como días de ayuno y oración regional para “combatir el coronavirus”.
Con esta disposición, el Gobierno Regional de Lambayeque instó “a la comunidad cristiana, católica, evangélica y no congregantes, indistintamente de sus credos, a unirse a este acuerdo, cada uno en sus respectivos domicilios para que intercedan ante Dios y cese este mal (COVID-19)”.
Similar imposición religiosa se produjo en el Gobierno Regional de Tumbes, donde se aprobó una ordenanza que declaró el 28 y 29 de marzo como días de ayuno y oración “por la salud de la población tumbesina, teniendo como referencia el brote de coronavirus”. La propuesta fue del pastor evangélico Dante Ramírez Zárate, y también establece que los colegios públicos y privados deben cumplir con la oración y el ayuno, y delega a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)-Tumbes ordenar su difusión a los directores de las escuelas.
Ordenanza Lambayeque 
Ordenanza Tumbes
El plan al 2021
Todas estas acciones políticas evidencian que ni el azote de la pandemia frena a los grupos conservadores y tampoco a la imposición de su agenda antiderechos, que haría retroceder políticas públicas de prioritario interés para acabar con la pandemia de violencia y exclusión que desde hace muchos años ataca a las poblaciones en situación más vulnerable. ¿Qué nos depara el 2021 en elecciones presidenciales y congresales con estos grupos religiosos?
Al respecto, la teóloga feminista mexicana Priscila Barredo Pantí, quien se ha centrado en analizar las acciones de los grupos religiosos en los procesos electorales de Latinoamérica y el Caribe, señala que, teniendo en cuenta el modus operandi de estos grupos en los demás países de la región, existe una posibilidad que en Perú se presente una coalición conservadora fuerte.
“Estos grupos religiosos no es que se van a organizar para el 2021, ya están organizados (…) Se piensa que, de acuerdo a la agenda económica, política o electoral estos grupos comienzan a armarse, la verdad es ya están articulados desde mucho antes. Por eso no es espontáneo ni casual que los mismos discursos de CMHNTM aquí en Perú, se escuchan prácticamente idénticos en diferentes países”, sostiene.
Con este panorama, para Barredo, dependerá del trabajo de base que realicen los movimientos y organizaciones sociales a favor de la igualdad de género para evitar que un gobierno conservador como el de Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos, tome las riendas del país.
